DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS

 

Comunidades indígenas y campesinas proponen cambios en legislación y políticas públicas para atender sus derechos

Ciudad de Guatemala, 13 de junio 2018. Comunidades indígenas y campesinas de la costa sur y de los pueblos k’iche’, q’eqchi’ e ixil tomaron acciones de litigio y diálogo en los últimos años para defender sus derechos humanos informaron en un evento representantes de dichas comunidades. En conferencia de prensa denunciaron violaciones contra sus derechos a consulta, libre determinación y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La defensa de sus derechos quedó plasmada en un documento que presentaron en un hotel de la zona 1. Los representantes comunitarios indicaron que buscan el desarrollo de sus propias comunidades desde una visión cultural propia.

El documento hace recomendaciones al Estado y a las empresas privadas para que cumplan con sus obligaciones y responsabilidades para que las comunidades gocen de sus derechos humanos. Las autoridades indígenas señalaron que los casos presentados son sólo una pequeña muestra de los vejámenes que sufren pueblos indígenas y comunidades campesinas y pesqueras en Guatemala. FIN

Información adicional para la nota de prensa:

Afectaciones a los derechos al agua y medio ambiente sano

El representante de las comunidades de Nueva Concepción, Escuintla, Angélica Aguilar comentó que las operaciones de las empresas de monocultivo afectan sobremanera su derecho al agua porque desvían los ríos y contaminan tierras y agua con los agrotóxicos que usan para sembrar caña, palma y banano. Indicó que en el mes de mayo recién pasado, la Corte de Constitucionalidad les dio la razón a las comunidades de que el MARN no puede tomar disposiciones sobre el uso del agua cuando aún no existe legislación al respecto. Autoridades del pueblo q’eqchi’ también manifestaron que empresas de palma africana violan sus derechos en Alta Verapaz y Petén donde su derecho a alimentación y agua es violado.

Criminalización y persecución penal contra autoridades indígenas

La autoridad q’eqchi’, José María Ical, también dio testimonio a graves violaciones de derechos humanos que sucedieron en agosto 2014 durante un operativo masivo de la PNC contra las comunidades q’eqchi’es que manifestaban en contra de un proyecto hidroeléctrico. Comentó que en Samococh, 22 personas fueron injustamente detenidas y acusadas por la PNC, algo que se comprobó que era falso ante los tribunales. Allí, murieron tres manifestantes por balas que habrían sido disparadas por elementos de la PNC, extremo que se debate actualmente en un juicio donde la CICIG y MP querellan contra la PNC.

El representante de las Parcialidades de Totonicapán, Alfredo Aguilar, mencionó que el Estado aún no reconoce la autoridad indígena como sujeto de derecho que puede gestionar su territorio. “No nos reconocen como propietarios de nuestras tierras ancestrales y nos limitan el derecho a gestionarlas” dijo. En algunos casos, mencionó que el MP y los tribunales cuestionan decisiones que ya han tomado como pueblos indígenas. El estudio muestra que hay casos en el país donde los procesos judiciales debilitan las asambleas comunitarias y sus decisiones.

Sobre el derecho a la consulta a pueblos indígenas

Sobre el derecho a la consulta y las iniciativas que hay en el Congreso sobre el tema, el Alcalde Indígena Primero de Nebaj, Miguel de León acotó que “El Estado está obligado a consultarnos cuando se toman decisiones legislativas o administrativas que nos afecten. La consulta no debe ser reglamentada, es un derecho”. El pueblo ixil en Nebaj y Cotzal estableció un hito en derecho indígena al ganar 3 amparos ante la Corte de Constitucionalidad que obliga al Estado a consultarles sobre la construcción de 2 hidroeléctricas y un tendido eléctrico. De León cuestionó la buena fe del Estado durante el diálogo de la consulta en Nebaj en 2017 ya que no han tenido respuesta sobre financiamiento de la consulta. Lamentó que el Gobierno si avanzó en la consulta de Oxec que deriva de una decisión de la CC posterior, que incluso, contradice la misma jurisprudencia que estableció la CC en los casos de Nebaj y Cotzal.

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